jueves, 28 de agosto de 2008

Con permiso, autoridades


Felipe Ciprián

Solicito permiso a las autoridades del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, a la Secretaría de Obras Públicas, a la Policía Nacional, a la Fuerza Aérea Dominicana, a la gobernación de la provincia Santo Domingo, a la Fiscalía y al resto de las autoridades “competentes” para que me dejen tapar un hoyo que ya tiene alrededor de dos años en la autopista San Isidro.
Para ser más preciso, les explico que el hoyo está en la autopista San Isidro, en dirección Este-Oeste, en el punto donde se une el bajante de la avenida Ecológica, a escasos metros de la confluencia de la autopista Las Américas.
Cuando los conductores bajan de la Avenida Ecológica y se proponen entrar a los últimos metros de la autopista San Isidro con rumbo al puente Juan Bosch, ahí está el hoyo, largo y profundo, que obliga a frenar violentamente, dañar el neumático con todo y aro, o correr el riesgo de chocar con los vehículos que vienen a mayor velocidad.
Pido permiso porque voy a buscar a un obrero de la construcción, preferiblemente haitiano, para comprar los materiales y tapar ese hoyo. Estoy seguro de que incluyendo el pago del trabajador, no se gastan 400 pesos, que si bien yo los necesito, estoy dispuesto a pagarlos para que las autoridades “competentes” no afecten las megaobras que tanto ansían constructores y funcionarios públicos, pues tal vez por eso no pueden ver los pequeños agujeros en la ciudad.
Si ninguna autoridad se ocupa de tapar ese hoyo tan peligroso en una ruta de tanto tránsito, entonces no veo razones para que ustedes me nieguen el permiso para encargarme de taparlo. Como ese, hay miles por toda la capital.
Les advierto que no soy responsable de la calidad de la reparación, porque estoy aprendiendo de ustedes, que no se preocupan por dar mantenimiento y dejan que pequeñas averías se conviertan en un problema para construir de nuevo.
A la Policía, que por favor nos dejen tapar el hoyo; le garantizo que el haitiano y yo no vamos a alterar el orden público, sino a poner un poco de orden y quizá, a salvar vidas.

miércoles, 27 de agosto de 2008

Tormenta "Gustav" recorre las Antillas Mayores


Este es el curso que sigue la tormenta "Gustav", que a esta hora abandona a Haití y se acerca a Cuba, aunque muy debilitado.

martes, 26 de agosto de 2008

Tormenta Gustav azota costa sur de la isla de Santo Domingo




Intensas lluvias acompañadas de ráfagas de viento se sienten desde la tarde del lunes 25 de agosto en gran parte del territorio de República Dominicana debido a los efectos de la tormenta tropical "Gustav" que pasaba a poco más de 100 kilómetros al sur de la Isla Hispaniola.


En horas de la tarde las calles y avenidas de la capital dominicana estaban inundadas, lo que provocó un gran taponamiento en toda la ciudad.


Las autoridades meteorológicas y los organismos de socorro emitieron aviso de huracán para gran parte del litoral sur y alerta roja por posibles inundaciones en zonas bajas de las provincias fronterizas con Haití, hacia donde se dirigía el fenómeno en horas de la madrugada.

jueves, 21 de agosto de 2008

Pago con tarjeta de crédito



Felipe Ciprián

En el país hay negocios (para no confundirlos con empresas) que ponen obstáculos a clientes cuando se proponen pagar con tarjetas de crédito para forzarlos a hacerlo en efectivo. El recurso más común, pero no el único, es cobrar entre 5 y 7% extra al cliente cuando usa “dinero plástico”.
Algunos comerciantes explican que solo tratan de acumular efectivo porque los bancos que otorgan las tarjetas tardan mucho tiempo para acreditar los consumos reportados.
Otra razón es que con la tarjeta el pago del Itbis es automático, mientras que cuando es en efectivo es posible -ilegalmente- burlar el pago de impuestos.
La ley 385-05 que crea la Dirección General de Protección de los Derechos del Consumidor establece, en su artículo 87, que “los precios no podrán ser modificados en función del medio de pago utilizado”.
Como es tan frecuente que a los clientes los traten de obligar a pagar en efectivo cuando su deseo es usar tarjeta, sugiero al consorcio CARDNET y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que adopten una reglamentación que incluya: Primero, una advertencia clara a las empresas que deciden aceptar pagos con tarjetas de crédito de que no insinuarán al cliente que pague en efectivo y en los casos que se compruebe esa práctica, se retira de inmediato y en forma definitiva, la posibilidad de hacer operaciones a través de ese medio de pago.
En casos reiterativos, esos comerciantes también deben ser excluidos de obtener tarjetas de crédito para su uso personal o de negocios, porque es casi seguro que ellos no aceptarán pagar extra por compras mediante dinero plástico.
Segundo: CARDNET debe colocar avisos en lugares visibles para advertir a los clientes que el comerciante no puede cobrar montos extras al pagar con tarjeta de crédito y dar un número telefónico y una dirección para reportar ese tipo de denuncias, las que deberán ser investigadas y de ser ciertas proceder de inmediato a retirar el servicio de cobro con tarjeta e informar a la DGII y a Proconsumidor.
En los casos en que DGII y Proconsumidor comprueben que un negocio ha hecho cobros extras por pago con tarjeta de crédito, la primera debe hacer una revisión del comportamiento fiscal de la empresa y el segundo actuaría de acuerdo con lo que dispone la ley de protección al consumidor.

martes, 12 de agosto de 2008

Viejas mañas en Ocoa



Felipe Ciprián

Debió ser a mediados del año 1974. Una mañana antes de irme junto a un grupo de estudiantes y agricultores a realizar trabajo voluntario en el encachado del canal de riego que construía la Junta para el Desarrollo de San José de Ocoa, el padre Luis Quinn se acercó a mí y me dijo: “Mira lo que me mandan”, mientras me pasaba un sobre con estampillas de correo.
Era una carta, escrita a máquina, que le había llegado por correo local, pero sin remitente.
Una persona que no se identificaba advertía al padre Luis que se cuidara porque el MPD planeaba matarlo junto a “un doctor” para crearle problemas al gobierno con la Iglesia. “Cuídese padre, que lo van a matar”, reiteraba el mensaje.
Le dije que no veía motivos para que el MPD intentara matarle. -¿Y, entonces, por qué el aviso? -me preguntó.
Una segunda lectura de la carta me permitió advertir dos detalles: primero, su real contenido no era un aviso oportuno de solidaridad ante un peligro, sino un interés marcado en intimidarlo; y segundo, la máquina con que fue escrita tenía una irregularidad en la letra “n”.
Conocía a un dirigente del MPD que compartía aula conmigo en el cuarto de bachillerato, donde nos impartía clases de Filosofía y Psicología “el doctor” que también amenazaban en la carta, que era el profesor Juan Ramón Báez.
-¿Tú eres loco? ¿Y cómo a ti y al padre les puede pasar por la cabeza que “el partido” puede hacerle daño al padre Luis o al profesor Mon? Eso es fabricado por la Policía para acallarlo y perseguir a izquierdistas -afirmó Enrique al escuchar mi pedido de aclaración de esa locura.
Luego fui al Juzgado de Paz, le pedí a una persona amiga que me dejara ver un detalle de los últimos sometimientos hechos por la Policía. Ahí apareció el eslabón perdido. Eran escritos con la misma máquina “Royal” que tenía el desperfecto en la “n” idéntico al mensaje enviado al padre Luis. Viejas mañas maquinadas por cobardes.
-Fue la Policía -le dije a Luis, quien tras escuchar la indagatoria, respondió con su clásico ¡Ofrézcome!
El Volkswagen del padre fue quemado la misma madrugada que le pegaron fuego a la cafetería-bar de Nicolás Sánchez, dirigente del PRD en Ocoa.

jueves, 7 de agosto de 2008

El robo energético



Felipe Ciprián


El embajador y periodista Silvio Herasme Peña publicó el pasado domingo el artículo titulado “¿Por qué no se paga la luz?”, y en él deplora que los ricos se enganchen a las redes de energía sin pagar y los pobres simplemente la consumen y tampoco la pagan. Considera, con toda la razón, que la luz hay que pagarla porque ese servicio resulta muy caro para el país.
Quisiera ayudar a Silvio a entender por qué la gente paga la luz “bajo protesta” o se la roba.
Aquí las empresas distribuidoras firman un contrato para proveer servicio continuo de energía, pero no hay una escuela, hospital, asilo de ancianos, residencia, palacio u oficina que no haya preparado un dispositivo de “emergencia”, porque los apagones llegan diariamente. Pero los usuarios tienen que tener cuidado, porque atrasarse en el pago de los apagones un día, implica un corte inmediato de los cables.
Es en este país donde durante años, mes por mes, las Edes que no proveen la energía que se han comprometido a servir, nunca han bajado la facturación y cobran no por la lectura de un medidor, sino por la categoría de la residencia o empresa, el lugar donde esté situada y la cantidad de equipos eléctricos o electrónicos que tenga, aunque no estén en uso.
No debe haber otro país donde las distribuidoras de energía cobren, mes por mes, millones de pesos que luego tienen que acreditar a sus clientes después de que la Superintendencia de Electricidad acoge los reclamos de los usuarios y comprueba que fueron engañados. Ese es un robo confeso y documentado, pero no hay un solo sometimiento por este tipo de estafas.
En este país todos los días se apagan intencionalmente sectores completos porque la mayoría no paga la luz, aunque haya miles de usuarios allí que pagan puntualmente. Es decir, se firman contratos individuales, pero se dan cortes colectivos. ¿Dónde está el respeto a los derechos adquiridos? Aquí la gente paga el teléfono, porque ese servicio siempre está disponible y las empresas cumplen la parte de sus contratos.
Estoy convencido de que el día que aquí haya energía permanente, se cobre una tarifa justa y la factura refleje el consumo real, la gente va a pagar por el servicio energético. Mientras eso no suceda, no hay publicitario que convenza a los ladrones -los que sustraen energía y los que cobran por un servicio que no ofrecen- de que cesen sus prácticas perversas.

viernes, 1 de agosto de 2008

FARC: ¿Negociación o derrota?


FELIPE CIPRIÁN
La euforia por la paz provocada por la liberación de la dirigente política Ingrid Betancourt junto a tres estadounidenses y 11 militares y policías colombianos que estaban en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) corre el riesgo de terminar diluida por falta de interés real de la guerrilla y del gobierno por silenciar las armas.
Es improbable que las FARC acepten desarmarse como lo hizo el M-19 en Colombia o el FMLN en El Salvador, porque ellos sacaron su propia experiencia en los años ochenta cuando ensayaron la lucha política electoral y tan pronto fue evidente que estaban conquistando apoyo popular y forjando alianzas a través de la Unión Patriótica (UP), más de 4,000 dirigentes de ese partido, que estaba acogido totalmente a las leyes, fueron asesinados, incluidos sus candidatos presidenciales, a legisladores y alcaldes. Esa fue una verdadera traición del Estado a los esfuerzos y posibilidades de paz, porque la UP fue destruida a sangre y fuego, lo que obligó a miles de sus acosados dirigentes que lograron sobrevivir a salir al exilio o continuar su lucha en la guerrilla.
A los pocos años de la destrucción de la UP, la capacidad militar y la determinación de lucha de las FARC fueron tan altas que humillaron a las fuerzas armadas colombianas al destruirle importantes bases de comunicaciones de la Marina y el comando de las tropas especiales del Ejército a finales de la década del noventa.
Con el triunfo de Andrés Pastrana y a sabiendas de que las FARC estaban demostrando un grado creciente de fortaleza militar y acometividad, se abrió la puerta a la “negociación” entre las partes.
Ni las FARC ni el Estado colombiano fueron sinceros en ese proceso. En San José del Caguán se conversó por años a la par que se engrosaban las filas militares y se intensificaba la preparación combativa de la guerrilla –por un lado-, mientras que el Ejército avituallaba a los paramilitares y ganaba tiempo para articular una estrategia que finalmente se logró con el llamado “Plan Colombia”, un diseño gubernamental colombo-estadounidense para enfrentar a las guerrillas y al narcotráfico con asistencia financiera, personal militar, tecnología de inteligencia y equipo militar proporcionado por Estados Unidos a las fuerzas armadas de Colombia.
El resultado de aquel esfuerzo de negociación terminó en ruptura y una orden de “Pastrana” de atacar militarmente a las FARC, dando lugar al repliegue de las guerrillas a las montañas y a la profundidad de la selva.
Después de esta ruptura de negociaciones en el Caguán hay una clara tendencia en el enfrentamiento: las fuerzas armadas colombianas, con el apoyo de Estados Unidos, han ido ganando batallas y empujando a las FARC fuera de los territorios poblados.
Esa acción ofensiva del Ejército no solo ha sido efectiva para el logro de los objetivos políticos y militares del Estado colombiano, sino que ha contribuido a que las FARC, ante ese acoso, hayan incurrido en acciones que las alejan de la causa política por la que lucharon durante años: instaurar un poder revolucionario y terminar con el crimen, la explotación y la corrupción en su país. Entre esas acciones perjudiciales para las propias FARC están la captura de dirigentes políticos como Ingrid Bentancourt, de legisladores y alcaldes que no participaban directamente en la confrontación militar. Por igual, constituye un desacierto de las FARC, a mi humilde entender, retener a cientos de soldados y policías rendidos en combate, los cuales han tenido que soportar muy duras condiciones de cautiverio. Ese es un grave error porque ese tipo de acción destruye la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de simpatía importante por las FARC en las filas militares estatales, sin la cual, en última instancia, es muy difícil pensar en una victoria por las armas en una insurrección popular acompañada de una ofensiva revolucionaria.

FARC y las drogas
La acusación de que las FARC se aliaron al narcotráfico no parece creíble porque droga colombiana no ha faltado nunca en todas las ciudades norteamericanas y europeas, pasando por la mayoría de los países de Centroamérica, el Caribe y México, a pesar de que las FARC han sido duramente golpeadas y empujadas a la selva.
¿Que puede haber unidades de las FARC que en medio del acoso militar hayan hecho tratos con narcotraficantes a cambio de alimentos, dinero, armas o apoyo logístico? Eso a nadie debe sorprenderle, pero tampoco quiere decir que por eso las FARC son una organización aliada del narcotráfico internacional. ¿Quién pensó igual cuando este mismo año la agencia The Associated Press publicó informaciones y fotografías de los soldados de Estados Unidos caminando entre plantaciones de opio en Afganistán y sus oficiales dando garantías a los cultivadores de que no serían molestados a cambio de que no buscaran apoyo en la guerrilla del Talibán?
¿Quién llamó a la policía de Colombia aliada del narcotráfico internacional cuando en mayo pasado fue capturado en Málaga, España, un coronel que había sido jefe de seguridad el aeropuerto internacional de Bogotá, encontrado culpable de llevar 750 kilos de cocaína enmascarados entre baldosas?

El paramilitarismo
La mayor prueba de que el paramilitarismo en Colombia tenía su estado mayor en el Ejército y en importantes dirigentes políticos del país es la facilidad con que fueron desarmados miles de sus integrantes. Sus resortes en el establecimiento político fueron tan amplios que hoy son decenas los legisladores y dirigentes políticos, muy próximos al actual gobierno, que están enjuiciados como parte del escándalo de la llamada “para-política”, que no es otra cosa que los ascensos políticos a todos los niveles logrados por personas en alianza con los grupos paramilitares y sus probados vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
Cuando se echó a andar en firme el “Plan Colombia” en el gobierno de Álvaro Uribe, asesinar a Carlos Castaños, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, y luego desmovilizar a miles de sus integrantes, fue más fácil que su puesta en operación años atrás para enfrentar a las guerrillas izquierdistas.

¿Por dónde avanzar hacia la paz?

Si el gobierno colombiano cree que ha derrotado militarmente a las FARC y solo resta que sus dirigentes se desarmen y se entreguen para enviarlos a la justicia o extraditarlos a Estados Unidos por el secuestro de tres norteamericanos como proclama el sector más guerrerista del gobierno de Uribe, la guerra seguirá por décadas porque eso no es alternativa para los guerrilleros.
Y la guerra seguirá porque para derrotar a una guerrilla con 40 años de experiencia, formada principalmente por campesinos, asentada en la profundidad de la selva, habría que localizar a sus integrantes uno por uno, lo cual no parece probable aunque se utilicen las armas superinteligentes de Estados Unidos durante otros 40 años.
El gobierno colombiano, ahora a la ofensiva, tiene que decidir si sobre la base de sus últimas victorias políticas y militares, le da una opción verdadera a la negociación con las FARC o si, en cambio, a nombre de la “negociación”, persiste en su intención de derrotarlas militarmente.
El camino de la negociación solo sería transitado por una guerrilla que encuentre interlocutores consecuentes con la paz y no artificieros de una guerra en la que solo participan los soldados de ambos bandos; garantes efectivos de los acuerdos y de la vida de los guerrilleros que se desea que mañana sean dirigentes y activistas políticos.
Nunca he hablado con un miembro de las FARC y por tanto no tengo la fórmula que pueda convencerlos de que la lucha política es la clave de paz y que la marcha de la guerra no augura un desenlace en muchos años. En mi deseo de ver llegar la paz en Colombia, creo que se necesita un esfuerzo sincero de los presidentes de Colombia, Venezuela, México, Cuba, Francia y República Dominicana para abrir un camino de negociación que silencie las armas.
Colombia, México y Venezuela deben crear una comisión ejecutiva para establecer los contactos y las condiciones de negociación entre el gobierno y las FARC, mientras que Cuba, Francia y República Dominicana deben disponer delegados de alto nivel para participar en las negociaciones y conocer de las garantías para lograr el pleno cumplimiento de acuerdos.
Las negociaciones deben hacerse alternativamente en Colombia y en los territorios de los países incluidos en el esfuerzo de paz, según la conveniencia de las partes y el progreso de las conversaciones.
En los primeros acuerdos debe decidirse la liberación total de todos los retenidos por las FARC y la libertad de todos los guerrilleros detenidos por el gobierno. Todos deben ser rodeados de las garantías de que no serán objetos de retaliaciones de ningún tipo.
Un segundo acuerdo debe ser una renuncia explícita de las FARC al uso del secuestro como arma política y una ley de amnistía y protección para los guerrilleros que dejen las armas y se inserten en la lucha política.
El siguiente paso podría ser un acuerdo de cese el fuego por seis meses durante el cual se avanzaría en las negociaciones para la desmovilización del 50 por ciento de los guerrilleros, para luego entrar en la fase final del proceso de paz con un cese definitivo del fuego y la habilitación política de las FARC en un esfuerzo similar al logrado anteriormente con el M-19 en Colombia y el FMLN en El Salvador.
Si el gobierno colombiano estima que ha derrotado a las FARC no tiene motivos para negociar nada, sino ir a las montañas a desarmarlas y enviar a sus hombres y mujeres a los tribunales acusados de rebelión armada y cuantos delitos les puedan ser imputados. Si por el contrario, cree realmente en la negociación para poner fin al conflicto, no puede seguir agitando el garrote, asesinando a los dirigentes y asediando a las personalidades que como la senadora liberal Piedad Córdoba han contribuido a la liberación de secuestrados.
El camino de la paz en Colombia está minado por el guerrerismo de importantes sectores del gobierno y la desconfianza de las FARC. Esa realidad obliga al Estado, que hoy está a la ofensiva, a ser consecuente con la paz y a confiar en la mediación de este grupo de países, porque de lo contrario el tableteo de las armas no se acallará en décadas, porque hablar de paz desenvainando la espada, no garantiza el final de la guerra.
Si las FARC quieren luchar por sus objetivos políticos tienen que entender que la guerra no puede ser un fin en sí mismo y que la lucha, aunque en ocasiones puede tener un énfasis en la confrontación militar, siempre debe estar determinada por una estrategia política.
La paz en Colombia es tan necesaria como urgente, pero no se logrará mientras persista la sensación de victoria militar en el gobierno y la total desconfianza de las FARC que tal vez no quiera pagar el precio en sangre que le costó su ensayo como fuerza electoral con la UP en los años ochenta.
No hay acción sin riesgo, ahora las FARC tienen que decidir entre una negociación que los lleve a la participación política en la que sus dirigentes objetivamente pueden ser asesinados o quedarse aislados peleando una guerra sumamente difícil de ganar en muchos años.

Acabando con los ríos en República Dominicana


Felipe Ciprián
Cuando en gran parte del planeta gobiernos y organizaciones sociales redoblan acciones para proteger el ambiente, en República Dominicana las autoridades protegen a los depredadores y traficantes de recursos naturales como si se tratara de bienes particulares. Quienes están saqueando los materiales de construcción en los principales ríos que nacen en la cordillera Central solo encuentran oposición de organizaciones locales y medios de comunicación, pero no se registra ninguna acción de las autoridades de Medio Ambiente, las gobernaciones provinciales o los síndicos para hacer respetar la ley.
Ver el río Nizao entre Las Barías y Don Gregorio es constatar el fracaso del gobierno en materia de protección ambiental. Observar cómo retroexcavadoras y volteos se llevan el cascajo, la arena y la grava del río Baní, del Bahía y el Ocoa, en la provincia Peravia, como parte de un negocio en el que participan autoridades gubernamentales, es sentir frustración por el grado de deterioro moral que los cargos pueden convertir a los hombres que ayer se consideraron defensores de los recursos naturales. Hay que ver lo duro que hablan gobernadores y policías ambientales cuando amenazan a simples jornaleros que se atreven a quemar un horno de carbón para no dejar morir a sus hijos de hambre en un país donde los grandes depredadores son sus protegidos.
Establecer granceras en el lecho del Nizao, amenazar con cerrarlas y luego dejarlas que acaben con todo, nos da derecho a pensar que lo primero fue solo parte de un chantaje que los depredadores comprenden muy bien y saben cómo silenciarlo. El resto de la sociedad, que se creyó aquellas bravuconadas palabreras, solo cosechó frustración. Cuando la depredación se extiende al Yuna y la denuncia la pone en evidencia pero no hay ninguna acción seria para contenerla, no hay dudas de que la autoridad no está en hacer cumplir la ley, sino en sacar provecho de su violación. Cuando uno recuerda que aquí gobierna el PLD, partido que surgió como una fuerza progresista y luego devino en “modernizadora”, no entiende por qué sus dirigentes permiten que bajo sus talones el país pierda sus recursos naturales más preciados y ellos simplemente hagan nada para protegerlos.
Aquí hace falta un secretario de Medio Ambiente que lo respete hasta el Presidente de la República y que no acepte violaciones a la ley en el territorio nacional ni siquiera del presidente de Estados Unidos. De no ser así, preparemos a nuestros nietos para que construyan balandros para que vayan a buscar agua para tomar al Amazonas, porque los depredadores se llevarán nuestros ríos hasta sus tumbas en su afán de ser más ricos.

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