FARC: ¿Negociación o derrota?

FELIPE CIPRIÁN
La euforia por la paz provocada por la liberación de la dirigente política Ingrid Betancourt junto a tres estadounidenses y 11 militares y policías colombianos que estaban en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) corre el riesgo de terminar diluida por falta de interés real de la guerrilla y del gobierno por silenciar las armas.
Es improbable que las FARC acepten desarmarse como lo hizo el M-19 en Colombia o el FMLN en El Salvador, porque ellos sacaron su propia experiencia en los años ochenta cuando ensayaron la lucha política electoral y tan pronto fue evidente que estaban conquistando apoyo popular y forjando alianzas a través de la Unión Patriótica (UP), más de 4,000 dirigentes de ese partido, que estaba acogido totalmente a las leyes, fueron asesinados, incluidos sus candidatos presidenciales, a legisladores y alcaldes. Esa fue una verdadera traición del Estado a los esfuerzos y posibilidades de paz, porque la UP fue destruida a sangre y fuego, lo que obligó a miles de sus acosados dirigentes que lograron sobrevivir a salir al exilio o continuar su lucha en la guerrilla.
A los pocos años de la destrucción de la UP, la capacidad militar y la determinación de lucha de las FARC fueron tan altas que humillaron a las fuerzas armadas colombianas al destruirle importantes bases de comunicaciones de la Marina y el comando de las tropas especiales del Ejército a finales de la década del noventa.
Con el triunfo de Andrés Pastrana y a sabiendas de que las FARC estaban demostrando un grado creciente de fortaleza militar y acometividad, se abrió la puerta a la “negociación” entre las partes.
Ni las FARC ni el Estado colombiano fueron sinceros en ese proceso. En San José del Caguán se conversó por años a la par que se engrosaban las filas militares y se intensificaba la preparación combativa de la guerrilla –por un lado-, mientras que el Ejército avituallaba a los paramilitares y ganaba tiempo para articular una estrategia que finalmente se logró con el llamado “Plan Colombia”, un diseño gubernamental colombo-estadounidense para enfrentar a las guerrillas y al narcotráfico con asistencia financiera, personal militar, tecnología de inteligencia y equipo militar proporcionado por Estados Unidos a las fuerzas armadas de Colombia.
El resultado de aquel esfuerzo de negociación terminó en ruptura y una orden de “Pastrana” de atacar militarmente a las FARC, dando lugar al repliegue de las guerrillas a las montañas y a la profundidad de la selva.
Después de esta ruptura de negociaciones en el Caguán hay una clara tendencia en el enfrentamiento: las fuerzas armadas colombianas, con el apoyo de Estados Unidos, han ido ganando batallas y empujando a las FARC fuera de los territorios poblados.
Esa acción ofensiva del Ejército no solo ha sido efectiva para el logro de los objetivos políticos y militares del Estado colombiano, sino que ha contribuido a que las FARC, ante ese acoso, hayan incurrido en acciones que las alejan de la causa política por la que lucharon durante años: instaurar un poder revolucionario y terminar con el crimen, la explotación y la corrupción en su país. Entre esas acciones perjudiciales para las propias FARC están la captura de dirigentes políticos como Ingrid Bentancourt, de legisladores y alcaldes que no participaban directamente en la confrontación militar. Por igual, constituye un desacierto de las FARC, a mi humilde entender, retener a cientos de soldados y policías rendidos en combate, los cuales han tenido que soportar muy duras condiciones de cautiverio. Ese es un grave error porque ese tipo de acción destruye la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de simpatía importante por las FARC en las filas militares estatales, sin la cual, en última instancia, es muy difícil pensar en una victoria por las armas en una insurrección popular acompañada de una ofensiva revolucionaria.

FARC y las drogas
La acusación de que las FARC se aliaron al narcotráfico no parece creíble porque droga colombiana no ha faltado nunca en todas las ciudades norteamericanas y europeas, pasando por la mayoría de los países de Centroamérica, el Caribe y México, a pesar de que las FARC han sido duramente golpeadas y empujadas a la selva.
¿Que puede haber unidades de las FARC que en medio del acoso militar hayan hecho tratos con narcotraficantes a cambio de alimentos, dinero, armas o apoyo logístico? Eso a nadie debe sorprenderle, pero tampoco quiere decir que por eso las FARC son una organización aliada del narcotráfico internacional. ¿Quién pensó igual cuando este mismo año la agencia The Associated Press publicó informaciones y fotografías de los soldados de Estados Unidos caminando entre plantaciones de opio en Afganistán y sus oficiales dando garantías a los cultivadores de que no serían molestados a cambio de que no buscaran apoyo en la guerrilla del Talibán?
¿Quién llamó a la policía de Colombia aliada del narcotráfico internacional cuando en mayo pasado fue capturado en Málaga, España, un coronel que había sido jefe de seguridad el aeropuerto internacional de Bogotá, encontrado culpable de llevar 750 kilos de cocaína enmascarados entre baldosas?

El paramilitarismo
La mayor prueba de que el paramilitarismo en Colombia tenía su estado mayor en el Ejército y en importantes dirigentes políticos del país es la facilidad con que fueron desarmados miles de sus integrantes. Sus resortes en el establecimiento político fueron tan amplios que hoy son decenas los legisladores y dirigentes políticos, muy próximos al actual gobierno, que están enjuiciados como parte del escándalo de la llamada “para-política”, que no es otra cosa que los ascensos políticos a todos los niveles logrados por personas en alianza con los grupos paramilitares y sus probados vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
Cuando se echó a andar en firme el “Plan Colombia” en el gobierno de Álvaro Uribe, asesinar a Carlos Castaños, máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, y luego desmovilizar a miles de sus integrantes, fue más fácil que su puesta en operación años atrás para enfrentar a las guerrillas izquierdistas.

¿Por dónde avanzar hacia la paz?

Si el gobierno colombiano cree que ha derrotado militarmente a las FARC y solo resta que sus dirigentes se desarmen y se entreguen para enviarlos a la justicia o extraditarlos a Estados Unidos por el secuestro de tres norteamericanos como proclama el sector más guerrerista del gobierno de Uribe, la guerra seguirá por décadas porque eso no es alternativa para los guerrilleros.
Y la guerra seguirá porque para derrotar a una guerrilla con 40 años de experiencia, formada principalmente por campesinos, asentada en la profundidad de la selva, habría que localizar a sus integrantes uno por uno, lo cual no parece probable aunque se utilicen las armas superinteligentes de Estados Unidos durante otros 40 años.
El gobierno colombiano, ahora a la ofensiva, tiene que decidir si sobre la base de sus últimas victorias políticas y militares, le da una opción verdadera a la negociación con las FARC o si, en cambio, a nombre de la “negociación”, persiste en su intención de derrotarlas militarmente.
El camino de la negociación solo sería transitado por una guerrilla que encuentre interlocutores consecuentes con la paz y no artificieros de una guerra en la que solo participan los soldados de ambos bandos; garantes efectivos de los acuerdos y de la vida de los guerrilleros que se desea que mañana sean dirigentes y activistas políticos.
Nunca he hablado con un miembro de las FARC y por tanto no tengo la fórmula que pueda convencerlos de que la lucha política es la clave de paz y que la marcha de la guerra no augura un desenlace en muchos años. En mi deseo de ver llegar la paz en Colombia, creo que se necesita un esfuerzo sincero de los presidentes de Colombia, Venezuela, México, Cuba, Francia y República Dominicana para abrir un camino de negociación que silencie las armas.
Colombia, México y Venezuela deben crear una comisión ejecutiva para establecer los contactos y las condiciones de negociación entre el gobierno y las FARC, mientras que Cuba, Francia y República Dominicana deben disponer delegados de alto nivel para participar en las negociaciones y conocer de las garantías para lograr el pleno cumplimiento de acuerdos.
Las negociaciones deben hacerse alternativamente en Colombia y en los territorios de los países incluidos en el esfuerzo de paz, según la conveniencia de las partes y el progreso de las conversaciones.
En los primeros acuerdos debe decidirse la liberación total de todos los retenidos por las FARC y la libertad de todos los guerrilleros detenidos por el gobierno. Todos deben ser rodeados de las garantías de que no serán objetos de retaliaciones de ningún tipo.
Un segundo acuerdo debe ser una renuncia explícita de las FARC al uso del secuestro como arma política y una ley de amnistía y protección para los guerrilleros que dejen las armas y se inserten en la lucha política.
El siguiente paso podría ser un acuerdo de cese el fuego por seis meses durante el cual se avanzaría en las negociaciones para la desmovilización del 50 por ciento de los guerrilleros, para luego entrar en la fase final del proceso de paz con un cese definitivo del fuego y la habilitación política de las FARC en un esfuerzo similar al logrado anteriormente con el M-19 en Colombia y el FMLN en El Salvador.
Si el gobierno colombiano estima que ha derrotado a las FARC no tiene motivos para negociar nada, sino ir a las montañas a desarmarlas y enviar a sus hombres y mujeres a los tribunales acusados de rebelión armada y cuantos delitos les puedan ser imputados. Si por el contrario, cree realmente en la negociación para poner fin al conflicto, no puede seguir agitando el garrote, asesinando a los dirigentes y asediando a las personalidades que como la senadora liberal Piedad Córdoba han contribuido a la liberación de secuestrados.
El camino de la paz en Colombia está minado por el guerrerismo de importantes sectores del gobierno y la desconfianza de las FARC. Esa realidad obliga al Estado, que hoy está a la ofensiva, a ser consecuente con la paz y a confiar en la mediación de este grupo de países, porque de lo contrario el tableteo de las armas no se acallará en décadas, porque hablar de paz desenvainando la espada, no garantiza el final de la guerra.
Si las FARC quieren luchar por sus objetivos políticos tienen que entender que la guerra no puede ser un fin en sí mismo y que la lucha, aunque en ocasiones puede tener un énfasis en la confrontación militar, siempre debe estar determinada por una estrategia política.
La paz en Colombia es tan necesaria como urgente, pero no se logrará mientras persista la sensación de victoria militar en el gobierno y la total desconfianza de las FARC que tal vez no quiera pagar el precio en sangre que le costó su ensayo como fuerza electoral con la UP en los años ochenta.
No hay acción sin riesgo, ahora las FARC tienen que decidir entre una negociación que los lleve a la participación política en la que sus dirigentes objetivamente pueden ser asesinados o quedarse aislados peleando una guerra sumamente difícil de ganar en muchos años.