Felipe Ciprián
Cuando en gran parte del planeta gobiernos y organizaciones sociales redoblan acciones para proteger el ambiente, en República Dominicana las autoridades protegen a los depredadores y traficantes de recursos naturales como si se tratara de bienes particulares. Quienes están saqueando los materiales de construcción en los principales ríos que nacen en la cordillera Central solo encuentran oposición de organizaciones locales y medios de comunicación, pero no se registra ninguna acción de las autoridades de Medio Ambiente, las gobernaciones provinciales o los síndicos para hacer respetar la ley.
Ver el río Nizao entre Las Barías y Don Gregorio es constatar el fracaso del gobierno en materia de protección ambiental. Observar cómo retroexcavadoras y volteos se llevan el cascajo, la arena y la grava del río Baní, del Bahía y el Ocoa, en la provincia Peravia, como parte de un negocio en el que participan autoridades gubernamentales, es sentir frustración por el grado de deterioro moral que los cargos pueden convertir a los hombres que ayer se consideraron defensores de los recursos naturales. Hay que ver lo duro que hablan gobernadores y policías ambientales cuando amenazan a simples jornaleros que se atreven a quemar un horno de carbón para no dejar morir a sus hijos de hambre en un país donde los grandes depredadores son sus protegidos.
Establecer granceras en el lecho del Nizao, amenazar con cerrarlas y luego dejarlas que acaben con todo, nos da derecho a pensar que lo primero fue solo parte de un chantaje que los depredadores comprenden muy bien y saben cómo silenciarlo. El resto de la sociedad, que se creyó aquellas bravuconadas palabreras, solo cosechó frustración. Cuando la depredación se extiende al Yuna y la denuncia la pone en evidencia pero no hay ninguna acción seria para contenerla, no hay dudas de que la autoridad no está en hacer cumplir la ley, sino en sacar provecho de su violación. Cuando uno recuerda que aquí gobierna el PLD, partido que surgió como una fuerza progresista y luego devino en “modernizadora”, no entiende por qué sus dirigentes permiten que bajo sus talones el país pierda sus recursos naturales más preciados y ellos simplemente hagan nada para protegerlos.
Aquí hace falta un secretario de Medio Ambiente que lo respete hasta el Presidente de la República y que no acepte violaciones a la ley en el territorio nacional ni siquiera del presidente de Estados Unidos. De no ser así, preparemos a nuestros nietos para que construyan balandros para que vayan a buscar agua para tomar al Amazonas, porque los depredadores se llevarán nuestros ríos hasta sus tumbas en su afán de ser más ricos.
Cuando en gran parte del planeta gobiernos y organizaciones sociales redoblan acciones para proteger el ambiente, en República Dominicana las autoridades protegen a los depredadores y traficantes de recursos naturales como si se tratara de bienes particulares. Quienes están saqueando los materiales de construcción en los principales ríos que nacen en la cordillera Central solo encuentran oposición de organizaciones locales y medios de comunicación, pero no se registra ninguna acción de las autoridades de Medio Ambiente, las gobernaciones provinciales o los síndicos para hacer respetar la ley.
Ver el río Nizao entre Las Barías y Don Gregorio es constatar el fracaso del gobierno en materia de protección ambiental. Observar cómo retroexcavadoras y volteos se llevan el cascajo, la arena y la grava del río Baní, del Bahía y el Ocoa, en la provincia Peravia, como parte de un negocio en el que participan autoridades gubernamentales, es sentir frustración por el grado de deterioro moral que los cargos pueden convertir a los hombres que ayer se consideraron defensores de los recursos naturales. Hay que ver lo duro que hablan gobernadores y policías ambientales cuando amenazan a simples jornaleros que se atreven a quemar un horno de carbón para no dejar morir a sus hijos de hambre en un país donde los grandes depredadores son sus protegidos.
Establecer granceras en el lecho del Nizao, amenazar con cerrarlas y luego dejarlas que acaben con todo, nos da derecho a pensar que lo primero fue solo parte de un chantaje que los depredadores comprenden muy bien y saben cómo silenciarlo. El resto de la sociedad, que se creyó aquellas bravuconadas palabreras, solo cosechó frustración. Cuando la depredación se extiende al Yuna y la denuncia la pone en evidencia pero no hay ninguna acción seria para contenerla, no hay dudas de que la autoridad no está en hacer cumplir la ley, sino en sacar provecho de su violación. Cuando uno recuerda que aquí gobierna el PLD, partido que surgió como una fuerza progresista y luego devino en “modernizadora”, no entiende por qué sus dirigentes permiten que bajo sus talones el país pierda sus recursos naturales más preciados y ellos simplemente hagan nada para protegerlos.
Aquí hace falta un secretario de Medio Ambiente que lo respete hasta el Presidente de la República y que no acepte violaciones a la ley en el territorio nacional ni siquiera del presidente de Estados Unidos. De no ser así, preparemos a nuestros nietos para que construyan balandros para que vayan a buscar agua para tomar al Amazonas, porque los depredadores se llevarán nuestros ríos hasta sus tumbas en su afán de ser más ricos.
1 comentario:
Es una pena, estimado amigo, que uno compruebe que lo que ocurre con la depredación de ríos y montañas es una cultura, una política bien clara, y no fruto del azar. La misma situación que ocurre con el Nizao es lo que pasa con Masipedro o con Yuna en Bonao. Las autoridades se hacen de la vista gorda porque quienes se lucran de tal práctica dejan caer la ración del boa y a cambio todo bien. Y más penoso es que los niveles de conciencia de nuestras comunidades es tan ínfimo que ven secarse los ríos y no se unen para exigir y evitar la desaparición de tan preciado recurso. Algo deberemos hacer...
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