El jurista Luis Miguel Pereyra afirmó que el juicio abierto contra el
comentarista santiagués Marcos Martínez por falsedad de documentos en perjuicio
de la vicepresidente electa de la República Dominicana, Margarita Cedeño de
Fernández, continuará hasta que se haga justicia porque en su opinión hay que
ponerle un freno a quienes dañan reputaciones.
El abogado de la
actual primera dama dijo que hasta el momento las indicaciones que tiene de su
representada son las de continuar adelante con el proceso originado por la
imputación de que Cedeño de Fernández tendría una cuenta con 43 millones de
euros en un banco danés.
“Las instrucciones que tengo de la doctora
Margarita Cedeño es que el caso se lleve hasta las últimas consecuencias,
porque aquí hay que poner un ejemplo de que usted no puede dañar reputaciones,
familias, el prestigio de las personas”, expresó Pereyra durante una entrevista
en el programa televisivo “De la semana”, dirigido por Pablo McKinney.
Aclaró que no
sometieron a Martínez por difamación porque él presentó en la televisión un
documento para afirmar que Cedeño de Fernández tiene 43 millones de euros en un
banco danés, lo cual, dijo, fue desmentido en tres ocasiones por esa entidad.
Consideró que la
difamación es una infracción que está siendo despenalizada en el mundo para
proteger a los comunicadores porque se constituye en “un freno a la
comunicación y la comunicación es una libertad sombrilla que permite que otras
libertades se realicen en la sociedad”.
Señaló que la tendencia es
que cuando una persona agravia a otra lo sancionen civilmente con una
indemnización.
Calificó la acusación de
Martínez contra Cedeño como “un mamotreto con la única intención de dañar a una
candidata” que aportaba a la candidatura de su partido.
Pereyra señaló que la
defensa de Martínez presentó un recurso de inadmisibilidad que solo persigue
retardar el proceso.
Explicó que “de manera
amañada” la defensa consiguió que la secretaria del tribunal hiciera un sorteo,
que debe hacerlo el juez coordinador, pero como la juez coordinadora estaba de
vacaciones y llegó, aclaró que no había realizado sorteo, por lo que lo hizo y
asignó el tribunal que era.
“Frente a la querella ellos
(la defensa de Martínez) han planteado una inadmisibilidad porque pretenden que el ministerio público no
investigue, que el ministerio público no debe darle curso a esa querella por
esos ilícitos”, informó Pereyra.
Código
Procesal Penal
En otro aspecto de la
entrevista, Pereyra sostuvo que los políticos y comunicadores que quieren caer
graciosos viven diciendo que el culpable del auge de la delincuencia es el
Código Procesal Penal, lo que consideró erróneo porque esa no es la vía para
resolver ese problema.
“En ningún país del mundo
los códigos penales son instrumentos para erradicar la delincuencia. El derecho
penal no sirve para eso. Es como pedirle productos farmacéuticos a un
carnicero. La delincuencia se combate con políticas públicas”, advirtió el
jurista.
Agregó que “si el problema
fuera sancionar, donde hay pena de muerte ya no se cometieran actos de
delincuencia”.
Manifestó que el actual “es
un código avanzado, garantista, que respeta los derechos humanos, que se
necesitaba porque el país no puede ser un paria en la comunidad internacional.
Aquí vivíamos con la vocación del tránquelo.
A la gente la trancaban y se investigaba después y el sujeto tenía dos
años preso y no lo habían juzgado. Eso había que detenerlo”.
Indicó que ante esa realidad
se tomó un modelo iberoamericano garantista y se adoptó un sistema adversarial
que si bien no ha funcionado del todo bien se debe a que su implementación
conllevaba “una logística y grandes inversiones que no se hicieron”.
A su juicio se empezó a
implementar el Código cuando faltaban jueces, fiscales y la misma Policía no
estaba preparada para jugar su rol en la nueva realidad.
No obstante las virtudes,
Pereyra dijo que el Código debe mejorar el problema de los reenvíos, porque los
incidentes de abogados y los presos que no concurren por supuesta enfermedad,
“le marcan el paso a la agenda de la justicia”.
Comparó los retardos
intencionales con la severidad con que actúan los tribunales en Europa y
Estados Unidos, donde “el que no va a una audiencia, lo juzgan en contumacia”.
Pidió que se le respeten los
derechos a la gente pero sin que se permita que la justicia se convierta en un
relajo.
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