Felipe
Ciprián
Cualquier persona que se
preocupe por la defensa del medio ambiente sin caer en el delirio
sentimentalista de que nada se puede tocar en la naturaleza porque provoca un
daño ambiental, es digno de respeto y admiración por la parte de la sociedad
que sufre los efectos de la explotación irracional y consumista de las riquezas
naturales.
Lo triste es cuando uno ve a queridos amigos, a
luchadores por décadas, enrolados en campañas quiméricas y sin información objetiva
sobre la defensa del medio ambiente, pero que en realidad son utilizados como
tontos útiles en la lucha de intereses de sectores empresariales que han vivido
de la caza y pesca de negocios donde el Estado dominicano es la presa fácil.
Todo lo anterior viene al caso porque me apena ver
toda la polvareda que levantan aquí grupos y personalidades ecologistas frente
a la extracción de recursos mineros que si bien provocan algún tipo de daño
(como la respiración, el cocinado de alimentos y el uso de vehículos), aquellos
tienen la ventaja de que producen gran cantidad de materias primas, empleos,
calidad de vida y una dinámica comercial continua.
He escrito y no me canso de repetir que el mayor daño
al ambiente que hay actualmente en el territorio dominicano sin que nadie haga
nada es el que provocan los principales ríos porque al tener sus cuencas altas
desforestadas, después de una hora de lluvia torrencial, las crecidas fluviales
son tan violentas que arrasan con personas, animales, plantaciones, casas e
inundan el litoral empujando al mar miles de toneladas de basura contaminante
cada año.
Los ríos más importantes del territorio nacional
desembocan en el mar Caribe o en el océano Atlántico, pero en su recorrido
desde la cordillera Central y la sierra Oriental, provocan daños cada vez más
frecuentes y por los que muy pocos se están preocupando en este país.
Si se observa, para citar un solo caso, el desastre
que provocó el río Ocoa el pasado 25 de agosto de 2012 al paso de la tormenta
“Isacc”, hay que convenir que el daño en las cuencas se profundiza y hasta el
día de hoy nada se hace para detener la hecatombe.
Con lluvias inferiores a los 170 litros por metro
cuadrado, en pocas horas el río Ocoa desbordó e impidió el paso por los puentes
Ocoa-Sabana Larga, Baní-Azua y Sabana Buey-Palmar de Ocoa, en una combinación
sinérgica de construcciones altamente cuestionables y deterioro constante de la
cobertura de las cuencas altas de este río.
No se preocupa el gobierno, que solo ha hecho
anuncios vagos sobre acciones para recuperar las cuencas, no se ocupan los
legisladores, pero tampoco se ocupan los grupos ecologistas al grado de que las
autoridades son capaces de definir los más puntuales programas de recuperación
y a la hora de la acción no hace absolutamente nada y el daño se profundiza. Lo
increíble es que nadie cuestiona y todo sigue igual.
Si alguien pusiera en duda mi afirmación de que el
gobierno nada hace por las principales cuencas, le digo que en el presupuesto
que está en ejecución se aprobó asignar al Ministerio de Medio Ambiente la suma
de 11,8 millones de pesos este año para el manejo de las cuencas de los ríos
Camú, Ozama, Haina, Nizao, Ocoa, Nigua, Higuamo, Soco, Duey y Yuna. ¡En los
primeros ocho meses del año no se ha entregado un solo centavo para esos planes
y por tanto no se ha hecho la primera acción para recuperar las cuencas!
En cambio, para este año no se aprobó la entrega de
un solo centavo para “Construcción de
oficinas provinciales para alojar las direcciones provinciales del Ministerio
de Medio Ambiente”, pero en solo seis meses el gobierno desembolsó la suma
de 13,5 millones de pesos en las construcción de tres de esas oficinas.
Si me doy a entender quiero decir que cuando el
gobierno aprobó acciones para preservar las cuencas de los ríos que provocan
muertes y daños graves en gran parte del país, valoradas en solo 11,8 millones
para todo el año, prefirió construir tres oficinas provinciales para el
Ministerio de Medio Ambiente que valora en 13,5 millones, aunque ellas no tenían
asignación por ley.
La prioridad fue clara: meter todo el dinero en
varilla, cemento y pintura para sus locales, mientras deja a los ciclones que
sigan dañando las cuencas porque no está dispuesto a invertir un solo centavo
en su preservación.
Frente a esa realidad, que se puede comprobar en el
Informe de Ejecución de los Proyectos de Inversión enero-junio 2012, entregado
por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a todos los
legisladores de República Dominicana en agosto pasado como dispone la ley (se
puede obtener aquí: http://www.economia.gov.do/eweb/ShowBooks.aspx?idb=39),
lo que me pregunto es ¿por qué los principales ecologistas del país se distraen
en una lucha de intereses entre empresas cementeras mientras persisten
irresponsabilidades oficiales de esta magnitud?
Mientras el Estado incumple
abiertamente la Ley de Presupuesto y la ley que crea el Sistema Nacional de
Inversión Pública al dejar sin fondos programas que tienen su asignación,
prefiere ejecutar programas que no tienen fondos asignados y que en nada
contribuyen a mejorar la situación del medio ambiente en el país.
Así la burocracia estatal puede
seguir haciendo negocios mientras los ríos continuarán destruyendo vidas,
predios y puentes.
¿Y los ecologistas?
Ocupados contra la Barrick, Xstrata
Niquel y la nueva cementera a instalar próximo al río Higuamo que no quieren
los viejos cementeros porque les daña su oligopolio, no porque ellos no sean
también contaminadores.
¡Al caballito valiente le siguen poniendo
la carga y no la siente!