Felipe Ciprian
Una reflexión honesta de la realidad dominicana debe llegar a la conclusión de que el verdadero problema nacional es la impunidad. Quienes en este país violan conscientemente la ley lo hacen convencidos de que existe un vericueto para no tener que sufrir “las últimas consecuencias” por provocar un daño a particulares, al Estado o a la sociedad.
Si el camionero que va por las autopistas a toda velocidad provocando muertes y destrucción supiera que su atrevimiento se paga con cárcel y altas multas, los accidentes bajaran considerablemente en el país. Pero no bajan porque el conductor sabe que aquí la vida de un motociclista o de un transeúnte no vale nada.
Lo mismo pasa con la corrupción. Cuando el candidato presidencial Leonel Fernández estaba en campaña en 1996 afirmó reiteradamente que la corrupción se apropiaba de 30,000 millones de pesos al año y que como el PLD era un partido de gente seria, con ese dinero entrando al fisco se podía solucionar parte de la deuda social pendiente en la sociedad dominicana. Sólo recordar el PEME refresca la memoria de esa seriedad.
De allá para acá no sólo la corrupción se acentuó, expresada en el otorgamiento de obras de grado a grado, sin presupuesto conocido tanto en su gobierno como en el de Hipólito Mejía, sino que en el último programa de gobierno propuesto por Fernández para buscar la pasada reelección no se dice una sola palabra acerca del combate a la corrupción, a pesar de que los escándalos no se han detenido, como lo prueban el plan de pensiones en Hacienda y últimamente la compra de cebolla en Vallejuelo.
La impunidad seguirá siendo la abeja reina en el panal dominicano porque las mayorías están borrachas de ignorancia y no saben que tienen derecho a no dejarse matar o estafar. La justicia, que es el poder del Estado llamado a borrar la impunidad, sigue siendo subordinada a la voluntad del ejecutivo para asignarle fondos y no escapa ¡no es verdad! a las presiones, el soborno y el chantaje. /20 de noviembre de 2008.
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